La tradicional pugna entre crecimiento y redistribución está en el centro de los debates sobre la política económica más conveniente. Con frecuencia la defensa de la prevalencia de uno u otro criterio no se basa tanto en un análisis de los efectos económicos y sociales de las posibles medidas, sino de su popularidad en términos electorales, con una tendencia creciente hacia la dualización social, que pervierte el principio que inspiró la creación del moderno estado de derecho: que la cargas derivadas de la financiación de los servicios y políticas públicas deben ser aprobadas por quienes van a verse obligados a soportarlas. El post expone tres ejemplos concretos que ilustran esta situación.