{"id":3417,"date":"2020-07-01T00:00:00","date_gmt":"2020-07-01T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/2021\/uncategorized\/the-disregard-of-evidence-in-some-tax-procedures\/"},"modified":"2025-05-08T13:50:35","modified_gmt":"2025-05-08T13:50:35","slug":"the-disregard-of-evidence-in-some-tax-procedures","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/corporate-and-personal-taxation\/the-disregard-of-evidence-in-some-tax-procedures\/","title":{"rendered":"The disregard of evidence in some tax procedures"},"content":{"rendered":"

En los \u00faltimos a\u00f1os, hemos venido observando un incremento<\/strong> de las actuaciones de los \u00f3rganos de la AEAT, normalmente de los \u00f3rganos de gesti\u00f3n tributaria<\/strong> y en el marco de procedimientos de comprobaci\u00f3n limitada<\/strong>, respecto de la transmisi\u00f3n onerosa de valores no admitidos a negociaci\u00f3n<\/strong> (como podr\u00eda ser, por ejemplo, la venta de unas participaciones de una SL de un socio a otro), en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 37.1.b) de la Ley del IRPF, y que origina una ganancia o p\u00e9rdida patrimonial en sede del transmitente<\/strong> (diferencia entre el valor de adquisici\u00f3n y el de transmisi\u00f3n).<\/p>\n

Dichas actuaciones se amparan en la tolerancia de la norma, que habilita a los \u00f3rganos de aplicaci\u00f3n de los tributos a acudir al mayor de dos valores objetivos<\/strong> para determinar el valor de transmisi\u00f3n, en particular:<\/p>\n

i) El del patrimonio neto contable<\/strong> que corresponda a los valores transmitidos, o<\/p>\n

ii) El que resulte de capitalizar al tipo del 20%<\/strong> (o lo que es igual, multiplicar por 5) el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados antes de la fecha del devengo del impuesto.<\/p>\n

Ello, salvo<\/strong> que el contribuyente sea capaz de acreditar<\/strong> que el importe efectivamente satisfecho se corresponde con el que habr\u00edan convenido partes independientes en condiciones normales de mercado<\/strong>, en cuyo caso se respetar\u00eda este \u00faltimo. Se trata, por tanto, de una presunci\u00f3n iuris tantum<\/em><\/strong>.<\/p>\n

As\u00ed las cosas, hemos apreciado que la mayor\u00eda de estos procedimientos se inician con la notificaci\u00f3n de una propuesta de liquidaci\u00f3n<\/strong>, en la que la Administraci\u00f3n propone una regularizaci\u00f3n acudiendo directamente al mayor de los dos valores arriba enunciados, trasladando sobre el contribuyente la carga de la prueba, que es a quien le corresponde acreditar que el precio pactado con el adquirente es el que habr\u00edan convenido partes independientes en condiciones normales de mercado. Se obvian as\u00ed<\/strong>, en muchas ocasiones, los siguientes principios de prueba<\/strong>: la existencia de una escritura p\u00fablica<\/strong> que acredita el valor de transmisi\u00f3n, la prueba del medio de pago, la falta de vinculaci\u00f3n fiscal<\/strong> entre los sujetos intervinientes en la operaci\u00f3n ?lo que siempre ocurrir\u00e1 en transacciones entre personas f\u00edsicas? e incluso la autoliquidaci\u00f3n del IRPF <\/strong>presentada, que se presume cierta, por mor del art\u00edculo 108.4 de la LGT. A lo anterior ha de a\u00f1adirse que no es en absoluto habitual que entre partes independientes se renuncie a una parte del precio<\/strong> y que existe una presunci\u00f3n<\/strong> (\u201ciuris tantum\u201d) de onerosidad<\/strong>, es decir, se parte de que las prestaciones en general y entre partes independientes se realizan mediante contraprestaci\u00f3n.<\/p>\n

Se trata, en definitiva, de una de las \u201ccampa\u00f1as\u201d masivas de la AEAT que tiene una clara finalidad recaudatoria cortoplacista<\/strong>, pues no debe olvidarse que el mismo precepto reconoce que el valor de adquisici\u00f3n del adquirente se actualiza al valor comprobado, lo que se traduce en una menor tributaci\u00f3n (\u201cinmerecida\u201d) en el futuro, en el momento de su venta.<\/p>\n

Dicho lo anterior, y dejando al margen otras disfuncionalidades<\/strong> que hemos advertido en la aplicaci\u00f3n del citado precepto<\/strong>, a continuaci\u00f3n abordamos la posible inconstitucionalidad de la interpretaci\u00f3n que los \u00f3rganos de aplicaci\u00f3n de los tributos podr\u00edan estar realizando del art\u00edculo 37.1.b) de la LIRPF<\/strong>, en el supuesto ut supra comentado.<\/p>\n

Para ello debemos partir de la gran similitud<\/strong> que guarda esta norma de valoraci\u00f3n con el m\u00e9todo de cuantificaci\u00f3n<\/strong> del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, m\u00e1s conocido como plusval\u00eda municipal<\/strong>, que ha sido objeto de una profusa y prolija jurisprudencia<\/strong> que podr\u00eda extrapolarse al caso examinado. N\u00f3tese que al igual que sucede con la valoraci\u00f3n espec\u00edfica<\/strong> del art\u00edculo 37.1.b) de la LIRPF, la plusval\u00eda municipal tambi\u00e9n se separa de la verdadera capacidad econ\u00f3mica gravable, acudiendo a m\u00e9todos de cuantificaci\u00f3n objetivos para calcular la cuota. Esta forma de cuantificaci\u00f3n del tributo ha sido respaldada por los Tribunales de Justicia, si bien es cierto que se han establecido ciertos l\u00edmites que no deben ser rebasados por la AEAT, en concreto, los principios de capacidad econ\u00f3mica y de no confiscatoriedad.<\/strong><\/p>\n

As\u00ed, con respecto al principio de capacidad econ\u00f3mica<\/strong>, consagrado en el art\u00edculo 31.1 de la CE, el Tribunal Constitucional ha establecido que \u201cuna cosa es gravar una renta potencial (\u2026) y otra muy distinta es someter a tributaci\u00f3n una renta irreal<\/strong> (STC 26\/2017, FJ 3)<\/em>\u201d o \u201clejos de someter a tributaci\u00f3n una capacidad econ\u00f3mica susceptible de gravamen, les estar\u00eda haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicci\u00f3n con el principio de capacidad econ\u00f3mica<\/strong> del citado art\u00edculo 31.1 CE\u00bb (SSTC 26\/2017, FJ 3; y 37\/2017, FJ 3)<\/em>\u201d, para concluir que el impuesto sobre la plusval\u00eda municipal es inconstitucional \u201c\u00fanicamente en la medida en que someten a tributaci\u00f3n situaciones inexpresivas de capacidad econ\u00f3mica<\/strong> (SSTC 26\/2017, FJ 7; y 37\/2017, FJ 5)<\/em>\u201d.<\/p>\n

Esta jurisprudencia podr\u00eda resultar de aplicaci\u00f3n en aquellos supuestos en los que un contribuyente declare una p\u00e9rdida patrimonial en el IRPF (cuando el valor de adquisici\u00f3n sea superior al valor de transmisi\u00f3n)<\/strong> con ocasi\u00f3n de la transmisi\u00f3n de los valores no admitidos a negociaci\u00f3n, reflejada en escritura p\u00fablica, con prueba de la forma de pago y efectuada entre partes independientes<\/strong>, cuando, a pesar de ello, los \u00f3rganos de aplicaci\u00f3n de los tributos decidan corregir el valor de transmisi\u00f3n acudiendo al mayor de los dos valores objetivos ut supra<\/em> comentados, resultando una ganancia patrimonial.<\/p>\n

En estos casos, la Administraci\u00f3n tributaria, deber\u00eda partir de la legalidad<\/strong> de los valores reflejados en escritura p\u00fablica<\/strong> siempre que la transmisi\u00f3n se efect\u00fae entre partes independientes<\/strong>, lo que supondr\u00eda la inversi\u00f3n de la carga de la prueba<\/strong>. Recu\u00e9rdese que el Tribunal Constitucional, en su sentencia n\u00fam. 107, de fecha 30 de septiembre de 2019<\/strong>,\u00a0ha confirmado la virtualidad probatoria de los valores que constan en las escrituras p\u00fablicas que documentaron la adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n a efectos del IIVTNU, luego entendemos que este criterio deber\u00eda ser extrapolable al caso que nos ocupa.<\/p>\n

Antes, el Tribunal Supremo<\/strong> (valga por todas, la sentencia de fecha 17 de julio de 2018, RC 5664\/2017) hab\u00eda reconocido las escrituras p\u00fablicas como un principio de prueba<\/strong>, suficiente para invertir la carga de la prueba sobre la Administraci\u00f3n.<\/p>\n

En suma, en virtud de lo anterior, entendemos que el valor de transmisi\u00f3n pactado entre partes independientes y reflejado en escritura p\u00fablica, deber\u00eda prevalecer sobre el mayor de los valores objetivos<\/strong> que recoge el art\u00edculo 37.1.b) de la LIRPF.<\/p>\n

Por su parte, respecto al principio de no confiscatoriedad<\/strong> debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional, teniendo como tel\u00f3n de fondo tambi\u00e9n la plusval\u00eda municipal, ha declarado como inconstitucional aquellos supuestos en los que la cuota a pagar sea superior al incremento patrimonial declarado por el contribuyente.<\/strong><\/p>\n

Imaginemos que un contribuyente declara una ganancia patrimonial de 10 U.M. (que es la diferencia entre el valor de adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n) y que, como resultado de un procedimiento de comprobaci\u00f3n por los \u00f3rganos de aplicaci\u00f3n de los tributos, en virtud de los criterios objetivos<\/strong>, se incrementa el valor de transmisi\u00f3n, dando como resultado una cuota a ingresar de 20 U.M.\u00a0 Entendemos que, en este supuesto, en aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se podr\u00eda estar produciendo una vulneraci\u00f3n del principio de no confiscatoriedad<\/strong> recogido en el art\u00edculo 31.1 de la CE.<\/p>\n

Sea como fuere, en el supuesto de recibirse la notificaci\u00f3n del inicio de un procedimiento de comprobaci\u00f3n sobre la transmisi\u00f3n onerosa de valores no admitidos a negociaci\u00f3n, recomendamos ponerse en contacto a la mayor brevedad posible con un abogado<\/strong> para adoptar, desde el primer momento, una estrategia de defensa adecuada.<\/strong><\/p>\n

Alberto Gonz\u00e1lez Ferrer<\/a><\/strong><\/span>
\nAbogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In the last years, the tax authorities have focused on checking the sale of non-traded securities, often ignoring the existence of proof guidelines and relying instead on one of two objective methods.<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":1859,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[293,295],"tags":[],"coauthors":[484],"class_list":["post-3417","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corporate-and-personal-taxation","category-legal-and-regulatory","category-293","category-295","description-off"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3417","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3417"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3417\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7174,"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3417\/revisions\/7174"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1859"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3417"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3417"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3417"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.equipoeconomico.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=3417"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}