El Ministerio de Hacienda publicó el jueves pasado el esperado y voluminoso (786 páginas) Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, preparado por un Comité “de personas expertas” constituido en abril del año pasado. Los 17 respetables profesionales firmantes del Libro Blanco (otros dos abandonaron voluntariamente el Comité en meses pasados) “suscriben solidariamente” el texto. El informe se refiere esencialmente a la fiscalidad medioambiental, la imposición sobre las sociedades, la tributación de la economía digital y la armonización de la tributación patrimonial, aunque también contiene reflexiones en otros ámbitos.
El Comité ha tenido que lidiar con los repetidos desaires del Ministerio de Hacienda. Primero, la propia Ministra les impuso públicamente y sin recato las que debían ser sus conclusiones, de elevación de la presión fiscal -al gobierno no le gusta hablar de planes de reequilibrio del gasto- y de “armonización” de la imposición patrimonial entre comunidades autónomas. Además, habiendo entregado los expertos su informe puntualmente (aun ya próximo el fin de plazo, que terminaba el 28 de febrero), las componendas políticas han retrasado su presentación al jueves 3 de marzo. Como último desplante y de nuevo a rastras de la política, la Ministra se ha desmarcado de las propuestas de subida fiscal con declaraciones orientadas a la contención impositiva en el corto y medio plazo.
Los expertos, conscientes de la relevancia pública de sus ideas y del aumento de imposición que conllevan, y quizá también ante las discrepancias internas en el Comité, han sido muy cautelosos en sus formulaciones, exponiendo alternativas varias, sugiriendo su implantación retrasada en el tiempo (se habla del “gradualismo” en la implementación), refiriéndose a la necesidad de evaluar los efectos de las medidas o solicitando transferencias compensatorias hacia los sectores sociales más desfavorecidos que pudieran verse perjudicados por las decisiones que adopten. En general, el Comité se decanta por un sistema tributario más sencillo, con bases imponibles más “anchas” y con menos incentivos fiscales. Se reconoce también que en España nos debemos a las políticas tributarias consensuadas en la OCDE (Pilares I y II) y en la Unión Europea (como en materia de imposición medioambiental, programa “Fit for 55”).
El Libro Blanco contiene muchas ideas y necesita de una digestión pausada, aunque pueden anticiparse algunos comentarios.
Primero, para la propuesta general de aumento de la imposición en España se acude como coartada a nuestra presuntamente reducida presión fiscal respecto de otros Estados Miembros de la Unión Europea. Se prescinde así de un análisis de detalle de la situación económica, tomando el Libro Blanco como variable exógena nuestro elevado nivel de gasto, sin valorar si nuestra sociedad se lo puede permitir. Por otra parte, nada se dice del contraste de aquel dato de presión fiscal con nuestra renta per cápita, es decir, nada se comenta en el Libro Blanco de nuestro “esfuerzo” o “sacrificio” fiscal. Porque un determinado porcentaje de impuestos (y cotizaciones a la seguridad social) sobre PIB se explica de forma muy distinta según la renta media con que cuentan los ciudadanos de un país.
En el IRPF se propone adecuadamente suprimir la reducción por arrendamiento de vivienda, pero integrando todos los rendimientos de capital inmobiliario en la base del ahorro (que normalmente tributa a tipos más reducidos que la base general), y eliminar el régimen de estimación objetiva de rentas. En el IVA se apunta a un objetivo de simplificación del sistema en el largo plazo, restringiendo la aplicación de tipos reducidos (cuesta imaginar a nuestros políticos adoptando esta medida) pero manteniendo las exenciones de los servicios privados de sanidad y educación (no así la de servicios financieros, excepto para los basados en “comisiones”). Y en materia de administración tributaria, se apunta con acierto a la necesidad de una mejor educación fiscal, aprovechando también las redes sociales; en cambio, se muestra demasiado prudente el Libro Blanco en su planteamiento de conciliación de posiciones entre contribuyente y Administración.
En cuanto a la imposición medioambiental, se insiste acertadamente en los principios de “quien contamina paga” y de efectividad, éste último en el sentido de que las medidas fiscales deben ayudar a corregir realmente los comportamientos contaminantes. Es en este ámbito en el que se plantean importantísimos aumentos tributarios ‑a la sombra argumental de la más reducida imposición española en el conjunto de la Unión Europea‑, como la subida de la imposición sobre los hidrocarburos, los billetes de avión, la compra o tenencia de vehículos o las emisiones de las grandes instalaciones industriales y ganaderas. Se trata todas ellas de propuestas que directa o indirectamente acabarán afectando al bolsillo de todos los ciudadanos. Por cierto, el Comité renuncia a poner algo de orden en el caos de la imposición propia autonómica.
En el ámbito de la economía digital son múltiples las propuestas, muy pendientes de evitar la discriminación de los contribuyentes según la localización geográfica de la actividad. Para ello se propone dotar de mayor seguridad jurídica la regulación del teletrabajo y de la residencia fiscal en nuestro país, y prever el gravamen del trabajo personal en el país de fuente de la renta (aquel en que radica la empresa pagadora). De manera poco acertada por desconocerse la importante competencia internacional en este ámbito, se postula un cambio en nuestro régimen de impatriados en el IRPF, que le haría perder efectividad.
En el Impuesto sobre Sociedades se rechaza la subida de tipos para no dañar nuestra competitividad fiscal, y son de alabar las iniciativas de supresión del tipo mínimo, de potenciación de la deducción por actividades de I+D+i y de revisión del sistema de pagos fraccionados (suprimiéndose el pago mínimo sobre resultado contable), si bien también se plantea un indebido endurecimiento de la exención de dividendos y plusvalías de cartera, que se añadiría al recorte del 5% de la cifra exenta introducido en 2021.
Son conscientes los expertos de que algunos de sus planteamientos no tienen prácticamente apoyo doctrinal, como el mantenimiento de la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio, que supone una doble imposición sobre la renta ahorrada, que es preludio de una tercera posterior tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y que incentiva la deslocalización de los contribuyentes hacia otros territorios, al ser España una de las raras jurisdicciones en que todavía se exige esta caduca figura. Por ello, en el Libro Blanco se admitiría su supresión (y la del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) si se garantiza el gravamen de la riqueza personal por otras vías. De manera honesta, aunque con referencia mínima, el Comité “entiende que las propuestas de reforma deberían también ser tenidas en cuenta para la regulación de estos impuestos en el ámbito de dichos Territorios Forales”; es esta una de las grandes cojeras de la armonización fiscal interterritorial pretendida por el Ministerio, que quiere dejar de lado en el debate a Navarra y País Vasco.
En ese ámbito de la imposición patrimonial se respetan las ventajas de la empresa familiar, aunque exigiéndose un mayor control de los incentivos fiscales para evitar que en ellos se cobijen bienes improductivos (es decir, no afectos a actividades empresariales). Asimismo, se proponen cambios hacia la simplificación en la aplicación de los correspondientes impuestos, restringiéndose las competencias autonómicas en aras de la “armonización”.
En definitiva, se trata el libro blanco de un documento con defectuoso anclaje en un diagnóstico incompleto de la situación de nuestra economía; sesgado por justificar subidas impositivas por referencia a frías cifras de presión fiscal; de propuestas cautas, demoradas y a veces poco definidas; que reconoce correctamente los constreñimientos derivados de nuestra condición de Estados Miembros de la Unión Europea y de partícipes en los consensos de la OCDE; con propuestas genéricas de simplificación del sistema tributario mediante ensanchamiento de bases imponibles y supresión de incentivos fiscales de difícil asunción política; que incorpora medidas, sobre todo en materia medioambiental, de dureza del todo inadecuada en la actual situación económica; que plantea con acierto puntuales correcciones técnicas; y que, de manera asimétrica, se muestra cómodo con la caótica tributación propia medioambiental autonómica, mientras reclama una simplificación y armonización incompleta en imposición patrimonial, dejando de lado al País Vasco y a Navarra.
Sirva en todo caso el documento para impulsar la reflexión sobre las múltiples cuestiones que cada día plantea nuestro complejo sistema tributario.
Socio Director de Equipo Económico
