Existe una línea argumental sólida en la economía contemporánea: la estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales y la apertura al exterior constituyen condiciones necesarias para un crecimiento sostenido.
España emerge como un caso elocuente, con su trayectoria desde los años ochenta de estabilización y liberalización económica, así como su integración plena a Europa. Mostrando cómo estos tres vectores, sostenidos en el tiempo, pueden reconfigurar una economía. No se trató de una apertura aislada, sino de un proceso consistente de transformación que se ha traducido en mayor crecimiento y nivel de bienestar para el conjunto de los españoles.
Argentina parece haber iniciado un camino en esa dirección. La corrección de desequilibrios macroeconómicos, el avance en reformas orientadas a reducir distorsiones y la normalización de su inserción internacional configuran un cambio de régimen económico. Este giro no solo redefine su dinámica interna, sino también su posicionamiento externo, desde fuente recurrente de volatilidad a potencial proveedor de estabilidad en un entorno global incierto.
En este contexto, la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, a partir del 1 de mayo, marca un punto de inflexión. No solo por la magnitud de la creación de una zona que integra más de 740 millones de consumidores y el 25% del PIB global, sino por su naturaleza: un esquema de integración estructurado en tres pilares (comercial, diálogo político y cooperación) que trasciende el intercambio de bienes. Su aplicación es provisional, a la espera de la plena ratificación por parte europea, y empezará por el ámbito comercial, garantizándose la progresiva eliminación acordada de los derechos de aduana desde el primer día.
Las oportunidades empresariales son evidentes: acceso preferencial a mercados, expansión exportadora, mayor integración en cadenas globales de valor y atracción de inversión extranjera directa. Pero su materialización no es automática. Implica mayor presión competitiva, exigencias regulatorias crecientes y la necesidad de acelerar procesos de adaptación productiva y tecnológica. En un entorno más abierto, la ventaja no estará en participar, sino en cómo se participa.
La inversión extranjera directa será el principal canal de transmisión del acuerdo, impulsada por la reducción de barreras y un entorno más estable y predecible. La UE es el principal inversor en Mercosur, con un stock cercano a los 390.000 millones de euros, aunque esto representa apenas el 4,2% de su inversión global, lo que evidencia un amplio margen de expansión; y que es particularmente relevante también en sentido inverso.
España ocupa un lugar estratégico en esta relación. Su inversión en Mercosur supera los 83.000 millones de euros, con fuerte presencia en Brasil y Argentina. En sentido inverso, la inversión procedente de Mercosur hacia España, liderada por Argentina, también muestra dinamismo, alcanzando los 16.000 millones.
En Argentina, este proceso encuentra un catalizador en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ya está movilizando proyectos por miles de millones de dólares en sectores como energía, minería e infraestructura. Más allá del instrumento específico, lo relevante es la señal: un entorno más predecible, abierto y orientado a la inversión.
Sin embargo, gran parte de la discusión sobre el acuerdo UE – Mercosur sigue anclada en variables que, siendo importantes, no son decisivas, como los aranceles o los volúmenes de exportación. La pregunta no es cuánto más pueden exportar Argentina o España, sino qué tipo de estructura productiva puede emerger a partir de este acuerdo. Por sí sola la apertura comercial no garantiza desarrollo.
El acuerdo abre dos trayectorias posibles. La primera es la profundización en el patrón de especialización basado en las ventajas competitivas respectivas, que puede traducirse en más exportaciones. La segunda es más exigente: utilizar el acuerdo como plataforma de desarrollo, de forma que pueda convertirse en un vector de transformación hacia una mayor densidad económica, difusión tecnológica y crecimiento más sostenible.
Este cambio de enfoque redefine los roles. Para las empresas líderes, el desafío ya no es solo competir en eficiencia, sino en capacidad de integración: desarrollar proveedores, transferir conocimiento y operar como nodos de redes productivas más complejas. Para las pymes, el desafío deja de ser únicamente la supervivencia, y pasa a ser la adaptación a estándares globales y la capacidad de capturar valor dentro de nuevas cadenas. Para los Estados, la agenda excede la negociación comercial. Implica construir condiciones habilitantes, en infraestructura, financiamiento, estabilidad regulatoria y mecanismos efectivos de colaboración público-privada.
En este nuevo escenario, la relación entre Argentina y España adquiere una densidad estratégica distinta. Además de leerla en clave de afinidad histórica, cultural o institucional, es también una relación con capacidad real para traccionar el acuerdo en su dimensión productiva. Para Argentina, esto implica algo más que atraer capital. Supone integrarse a redes empresariales que, además de financiar, transfieren tecnología, elevan estándares y reorganizan cadenas de valor. Para España, representa una gran oportunidad para volver a activar el tercer vector de su transformación económica, asumir el liderazgo del acuerdo en Europa y profundizar en su posicionamiento en América Latina, a través de una economía que ofrece soluciones frente a la complejidad geopolítica global.
En ese cruce, la dimensión bilateral pasa a ser una palanca. Es en la relación entre Argentina y España donde el marco definido por el acuerdo UE-Mercosur se vuelve operativo. Donde se decide si la apertura se queda en intercambio comercial o escala de nuevo en una transformación que contribuya a un crecimiento sostenible y a mayores niveles de bienestar a ambos lados del Atlántico.
Ricardo Martínez Rico, Presidente de Equipo Económico.
Dante Sica, ex ministro de Producción de Argentina y socio fundador de ABECEB.
Fuente: Expansión
