Pese a contar con una población sensiblemente inferior a la de Asturias y un PIB por debajo del de Navarra, Chipre y su rescate copan desde hace días la actualidad económica internacional. Se ha puesto en cuestión no sólo su continuación en la zona euro, sino también, de nuevo, la capacidad europea para hacer frente a la crisis y la coherencia de su proyecto de unión económica y monetaria, al mismo tiempo que también se señalaban los efectos sistémicos que la quiebra de Chipre hubiera podido tener.
Si bien es cierto que determinados aspectos de la economía chipriota, como su situación de dependencia financiera del exterior y el elevado apalancamiento de su sistema financiero, pueden recordar a los casos de otros países europeos, el de Chipre tiene algunos aspectos diferenciadores: en primer lugar, el nivel apalancamiento de sus bancos representa siete veces el tamaño de su economía; en segundo lugar, casi la tercera parte de los depósitos están en manos de no residentes en la Eurozona; por último, sufren una gran exposición a Grecia. En cualquier caso, el reducido tamaño de su PIB, que no llega a dieciocho mil millones de euros, y de su deuda pública, que no alcanza ni el uno por ciento de la deuda del conjunto de la Eurozona, no parecen prever que el suyo sea un caso de riesgo sistémico, aunque sí podría haber desencadenado determinados riesgos generales su proceso de resolución.
El acuerdo alcanzado ayer por la Troika y el Gobierno de Chipre para evitar el colapso de su sistema financiero y la quiebra de su deuda soberana va en la buena dirección. En el el mismo, se respeta el límite cuantitativo de 10.000 millones de euros autoimpuesto por el Eurogrupo para la participación de la UE y el FMI en el rescate -en el marco de las próximas elecciones alemanas-, se exige el cambio de modelo y el adelgazamiento del sobredimensionado sistema financiero chipriota a través de la reestructuración de sus dos principales entidades (Banco de Chipre y Laiki Bank) y la aportación de sus accionistas, tenedores de bonos y titulares de depósitos privados no asegurados por encima de cien mil euros, todo ello con la intención de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de Chipre de forma que no sobrepase el umbral del 100% del PIB en 2020.
Sin embargo, pese haberse dejado fuera de la quita a los pequeños ahorradores, el controvertido impuesto sobre los depósitos bancarios en el que se basaba la primera propuesta de la Troika sienta un precedente que puede dejar huella en la confianza de ahorradores respecto a los Fondos de Garantía de Depósitos. Además, la imposición de controles en la retirada de depósitos, por ahora temporales, va directamente en contra de uno de los principios fundamentales de la UE, el libre movimiento de capitales, y marca un antes y un después en la historia del Euro. La crisis chipriota pasará, pero los efectos sobre la confianza de ahorradores e inversores respecto a la zona euro podrían ser más nocivos en el tiempo por los errores cometidos en el proceso de resolución de la misma.
En un contexto de gran dificultad para superar la crisis de deuda soberana y recuperar definitivamente la confianza en el Euro, la UE no puede permitirse casos como el de Chipre, en el que la viabilidad de una economía pequeña pueda poner en cuestión la estabilidad de la Eurozona por la falta de acierto en las decisiones y por carencias en el modelo de unión económica y monetaria.
La UE debe continuar avanzando con pasos certeros hacia la culminación de una verdadera unión bancaria, desarrollando el mecanismo de resolución bancaria único y de recapitalización directa este mismo año, y con la aplicación de una supervisión a nivel europeo ya a partir del año que viene. Falta aún un impulso claro para avanzar en la instauración de un fondo europeo de garantía de depósitos y para llegar, en el futuro, a algún instrumento de mutualización de deuda. Mientras tanto, para los países en dificultad, no hay atajo: la estabilidad y las reformas estructurales son el único camino hacia la recuperación económica, como se está demostrando en el caso de España.