Algún apunte sobre la imposición patrimonial de bienes inmuebles por no residentes

Por

La intención del Gobierno de aprobar un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas ha vuelto a poner sobre la mesa la relevancia de la imposición patrimonial. En este sentido, abordaremos en este post la situación de la tributación en España de los no residentes por los bienes inmuebles de su titularidad, dado que ha sido una cuestión técnicamente compleja, respecto de la cual se han producido diversas interpretaciones administrativas y judiciales de interés.

Es bien sabido que las personas físicas no residentes en España han de tributar en el impuesto sobre el patrimonio por los bienes y derechos de su titularidad cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español. Para el cálculo del patrimonio neto sólo serán deducibles las cargas y gravámenes que afecten a los bienes y derechos que radiquen en territorio español o puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse en el mismo, así como las deudas por capitales invertidos en los indicados bienes. Recordemos que la hipoteca que garantice el precio aplazado en la adquisición de un bien no es deducible, sin perjuicio de que sí lo sea el precio aplazado o la deuda garantizada. La Ley establece un mínimo exento de 700.000 euros.

Por tanto, quedan fuera del ámbito del impuesto sobre el patrimonio los no residentes que resulten titulares de bienes y derechos situados en España si no rebasan el umbral de la exención. Otra cuestión diferente es si esta riqueza estará gravada por algún otro tributo. En concreto, los bienes inmuebles radicados en España están sujetos al impuesto sobre bienes inmuebles, de titularidad municipal, que grava la propiedad de bienes inmuebles rústicos y urbanos situados en territorio español, lo que puede suponer una doble imposición que no es objeto de corrección por nuestro sistema tributario.

Las disposiciones de derecho interno deben modularse en su aplicación por lo dispuesto en los Convenios internacionales suscritos por España. Normalmente, no prevén normas al respecto, por lo que se aplica la normativa española en su integridad (entre otros, Portugal, Italia o Estados Unidos).

En otras ocasiones los Convenios establecen normas para atemperar la doble imposición en materia de imposición sobre el patrimonio, si bien permiten a España gravar la titularidad de bienes inmuebles situados en su territorio (entre otros, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Colombia, México y Argentina). Esta excepción responde a la reserva establecida por España para poder gravar el patrimonio inmobiliario radicado en nuestro país por no residentes.

Como regla general, podemos señalar que van a tributar por el impuesto sobre el patrimonio los bienes inmuebles de titularidad de no residentes, si bien podrán aplicar las bonificaciones establecidas por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares. Esto ha sido muy relevante en el caso de Madrid, dada la bonificación establecida del 100% de la cuota íntegra.

Una vez analizada la tributación patrimonial de la titularidad directa de bienes inmuebles en España por parte de personas físicas no residentes, debemos plantearnos la tributación de la titularidad indirecta, esto es, si tributan por el impuesto sobre el patrimonio español las acciones o participaciones sociales de sociedades en cuyo activo figuren bienes inmuebles situados en territorio español.

La Ley del impuesto prevé la sujeción por obligación real de los bienes o derechos titularidad de personas físicas no residentes que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español.

La delimitación legal es lo suficientemente amplia para amparar tanto la titularidad de participaciones sociales de sociedades españolas, como la titularidad de participaciones sociales de sociedades extranjeras con bienes situados en España, tal y como ha venido entendiendo tradicionalmente nuestra Administración Tributaria, si bien resulta, como veremos a continuación, un criterio muy controvertido y, en cuanto a las entidades extranjeras, erróneo. Porque un convenio por sí sólo, aunque permita ese gravamen en sede del Estado donde se sitúa el inmueble, no puede crear la obligación tributaria, que debe estar prevista en la norma doméstica. Y es especialmente relevante cuando los bienes que figuran contabilizados en el balance son bienes inmuebles situados en nuestro país.

Recordemos que la normativa para evitar el blanqueo de capitales establece la obligación de identificación del titular real de sociedades, lo que podrá ser utilizado por la Administración Tributaria para la comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales, en particular, por lo que aquí estamos comentando, respecto del impuesto sobre el patrimonio.

Sin embargo, existe algún precedente judicial en contra de esta interpretación administrativa cuando lo que se detenta son participaciones sociales de entidades extranjeras, en cuyo activo pueden encontrarse bienes radicados en España. Debemos reseñar aquí el criterio recogido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 3 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:TSJBAL:2020:1067), en virtud del cual la titularidad de acciones o participaciones sociales de sociedades extranjeras no tributa en el impuesto sobre el patrimonio español, dado que se trata de bienes muebles radicados fuera de España.

Al respecto, debemos reseñar que existe doctrina consolidada de la Dirección General de Tributos que establece que el Impuesto sobre el Patrimonio no grava la propiedad de acciones o participaciones de sociedades no residentes en España que sean propiedad de personas físicas no residentes en España, los cuales solo deben tributar en el impuesto por la titularidad de bienes y derechos situados, que puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español (entre otras, V2070-21, V3178-19 y V2982-11).

Este criterio ha sido reiterado por la reciente consulta V1947-22.

Por tanto, y de cara a evitar los efectos desincentivadores derivados del nuevo impuesto sobre grandes fortunas, los no residentes podrán detentar los bienes inmuebles situados en España a través de entidades extranjeras. En este supuesto, se considera que no existen bienes ni derechos que pueden ejercitarse en territorio español. Salvo que se establezca otra precisión en la ley que cree el nuevo impuesto relativa a los no residentes, puede ser una interesante salvaguarda.

 

Manuel de Vicente-Tutor R.

Socio-Director Áreas Tributaria y Legal. Abogado-Economista.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario